Durante los
últimos 10 años he visitado de manera constante varios archivos militares en
busca de documentación sobre la batalla de Brunete, los frentes de la zona
Centro y la sanidad militar republicana durante la GCE. Junto a las muchas
cosas positivas que me han aportado estos lugares, también he encontrado
algunas carencias que a simple vista no me parecen tan difíciles de corregir.
En eso se centra el presente artículo, pero antes de hablar sobre cualquier
otra cosa, quiero empezar por resaltar, y mucho, la magnífica función
cultural que cumplen los numerosos
archivos históricos, ya sean militares o civiles, públicos o privados, a los
que toda la población tiene acceso pero apenas conoce.
Dentro de este
amplio panorama de los archivos, voy a referirme solo a cuatro que conozco
directamente, todos militares y públicos: Archivo General Militar de Madrid
(AGMM, Madrid), Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), Archivo Histórico del
Ejército del Aire (AHEA, Villaviciosa de Odón) y el Centro Cartográfico y
Fotográfico del Mando Aéreo (CECAF, base aérea de Cuatro Vientos).
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| AGMAV |
Estos cuatro
archivos militares, sin excepciones, están atendidos de cara al público por
magníficos profesionales civiles y militares, tanto si se mira su disposición
personal como su competencia profesional. Todos ellos conocen perfectamente la
manera de buscar documentos dentro de sus fondos respectivos y ponen todo el
interés en atender bien al investigador, en mi caso, reincidente. Siempre, y
desde el primer día, he contado para hacer mi trabajo con el apoyo y la
simpatía de los responsables de las respectivas salas de consulta y de quienes
se encargan de la reproducción de documentos. En ciertas ocasiones, y dado lo
poco frecuentados que llegan a estar algunos archivos, creo que esta actitud
tan positiva se refuerza porque los investigadores ayudamos a aminorar con
nuestra presencia una cierta sensación de soledad y de rutina que reina en las
salas cuando estas permanecen abiertas pero sin usuarios, lo que
lamentablemente pasa a menudo.
Destacadas tanto
la actitud positiva del personal como el buen nivel de confort de las salas de
consulta, enumero a continuación mis críticas y sugerencias, todas de carácter
constructivo:
1. En primer lugar, creo que a todos estos archivos les vendría bien
contar con un mayor grado de conocimiento y estima por parte de las más altas
autoridades civiles y militares de las que dependen. Bajo mi criterio, su
actual situación de aguda austeridad de recursos y el escaso número de
visitantes que reciben, se originan sobre todo en la escasa o nula promoción
que se hace de ellos en medios académicos, universitarios, periodísticos o
editoriales de dentro y fuera de España. Durante estos años, en ciertos
momentos he tenido la impresión
(posiblemente infundada) de que las FFAA o el Ministerio de Defensa tienen en
sus archivos históricos un “marrón” que deben atender porque sería
impresentable su cierre, pero sin sentir por ellos un aprecio especial. Al
menos en los tres archivos que están pensados para recibir público (AGMAV, AGMM
y AHEA) se nota una falta de inversión que ralentiza sus posibilidades de
desarrollo y actualización.
2. Otro problema conocido, tiene relación con la gestión del tiempo y el
grado de secreto atribuido a los documentos que deben desclasificarse. Tras un
periodo de vigencia y utilidad operativa dentro de las instituciones públicas
que los generan, los documentos pasan a ser guardados en los almacenes de las mismas y después de
ciertos años, son transferidos a los llamados archivos intermedios (que en
ocasiones no reúnen todas las condiciones necesarias para conservar
adecuadamente la documentación). En esta situación, y aún pasados los 50 años
que marca la Ley de Patrimonio Histórico, a muchos papeles parecería que no les
llegara nunca la hora de pasar a los archivos públicos, porque se quedan bajo
la Ley de Secretos Oficiales, la cual seguramente se aplica con un criterio
político, y por tanto discutible, al menos en ciertos casos. Esta situación
genera un gran perjuicio para el análisis y el conocimiento históricos, porque
limita o directamente frustra muchas investigaciones. La administración
competente, como es lógico, tiene capacidad discrecional para clasificar un
determinado documento como sensible para la seguridad nacional, pero esta
facultad se estaría aplicando con brocha gorda en lugar de con el deseable
criterio selectivo. Desde luego, en muchos casos no parece que impere una alta
cultura de la transparencia y la responsabilidad ante la sociedad en el manejo
de documentos, pudiendo incluso existir, por parte de determinados organismos,
un sentimiento de propiedad sobre sus documentos susceptibles de desclasificación, lo que
permite que estos queden retenidos indefinidamente en sus almacenes sin que ni
siquiera se pueda saber públicamente cuál es su “asunto” o título, su fecha y su
organismo redactor. Frente a esto, hay que conseguir mejorar el cumplimiento de
la ley (o mejorar la propia ley) en lo referente a la disponibilidad de los
documentos de todo tipo cuando ha finalizado el plazo legal ordinario que
impide hacerlos públicos. Luego, cuando por fin estos llegan a los archivos,
hay que garantizar que existan los medios humanos y técnicos que permitan
describirlos y organizarlos con rapidez y eficacia…y esto nos lleva al
siguiente punto.
3. Existe en alguno de los archivos visitados falta de personal,
presupuesto y máquinas para digitalizar que sean modernas y que funcionen bien,
así como criterios universales y duraderos (no cambiantes) para describir y
digitalizar las fotos, mapas y documentos. El tema de los presupuestos
insuficientes es seguramente grave y persistente, pero la inteligencia y la
racionalidad aplicadas a la gestión de archivos puede compensar incluso grandes
carencias. Reitero que en el fondo lo que estaría faltando es compromiso y
aprecio por los archivos militares en los niveles altos de decisión política.
Señalando siempre el incremento de las plantillas estables como la mejor
solución, entre los medios temporales disponibles para paliar la falta de
personal y fondos podría considerarse la firma de convenios con las
universidades, para que estas cedan alumnos de las carreras de Historia,
Documentación y Biblioteconomía, etc. que se pongan a disposición de quienes
conocen mejor cada archivo y sus necesidades, ya sea de manera voluntaria o a
cambio de créditos en las respectivas carreras. También los investigadores
podríamos poner nuestro granito de arena. Todavía queda por leer y describir
mucho papel, confeccionar bases de datos nominales, intentar identificar
lugares y personas que aparecen en cientos de fotos y por último, escanear
todos los documentos que faltan. Esto permitiría, por ejemplo, que un
investigador que haciendo un esfuerzo personal y económico se desplace hasta
Ávila desde cualquier parte del mundo (el archivo y la ciudad lo merecen),
encuentre relativamente rápido lo que busca o pueda concluir que eso no existe,
sin riesgo a equivocarse.
4. Por último, se echa de menos la existencia de una serie de
facilidades y alicientes para la investigación, tales como:
-
Trabajar sistemáticamente para
mejorar el muy útil Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, especialmente
su apartado de búsqueda por fondos en archivo, donde figura (o debería figurar)
toda la información disponible sobre los archivos militares existentes en el
país. De entrada, sería muy bueno poder tener al menos una mejor descripción de
los documentos recogidos en el índice general de cada archivo, siendo la meta
final poder acceder desde la distancia a la parte de los mismos que ya se
encuentre descrita y digitalizada. Esto exigiría un trabajo ingente de
catalogación, descripción y digitalización, además de una política de difusión
y acceso a la información muy distinta a la actual, pero sin duda nos pondría
en primera división en cuanto al manejo de estos recursos. Como ejemplo en el
que buscar inspiración, los fondos del Archivo Estatal Ruso de Historia
Socio-Política (RGASPI) son accesibles de este modo, y además gratuitos. Los
investigadores que los consultamos estamos encantados con esta política de
acceso tan abierta. De otra forma, sólo los investigadores consagrados o ricos
podrían acceder a ellos, porque sería imprescindible viajar a Moscú para
verlos.
-
Volver a poner a disposición de
los investigadores (aunque fuera por vía telefónica) un servicio de coordinación, ayuda y orientación que, conociendo bien los fondos de TODOS los
archivos militares (y si puede ser, también los civiles), fuera capaz de
señalar a cada cual por dónde puede iniciar una investigación o encontrar
nuevos documentos de su interés. Esto, según nos han contado los archiveros, ya
existió: era la Unidad de Coordinación de Archivos Militares, que estaba
atendida por ellos. Existió, pero ya no existe porque su personal fue
transferido a otro departamento, quedando de manifiesto, bajo mi criterio, la
falta de voluntad política para desarrollar los archivos militares. A pesar de la existencia del ya citado (y
mejorable) Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, lleva años
familiarizarse con los archivos y descubrir de manera afinada cuál es su
temática y contenidos, lo que perjudica la calidad de muchas producciones, que
se terminan cerrando antes de tiempo, sobre todo si son internacionales. Un
asesor específico y personalizado, presencial o telefónico, no tiene por qué
ser tan difícil de implementar. En el Archivo General de la Administración
(AGA), de Alcalá de Henares, existe esta figura, y los resultados (comprobados
en primera persona) son espectaculares. Sin su ayuda yo hubiera salido casi de
vacío de allí, a pesar de mis repetidas visitas.
-
Podrían ponerse uno o dos días
a la semana en que exista horario de mañana y tarde (como ya pasa en el Centro
Documental de la Memoria Histórica – CDMH, de Salamanca). Hay que tener en
cuenta que cuesta mucho tiempo y dinero desplazarse fuera de la propia
localidad (o país) para investigar, de forma que una jornada de estudio larga
se vuelve mucho más rentable que una
corta. Si, como según parece, hay 23 archiveros técnicos para atender 28
archivos militares (entre históricos e intermedios), resulta fácil ver dónde
está una de las claves de esta limitación.
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Sería muy bueno instituir
ayudas y premios al mérito en investigación o publicación, para motivar la
utilización de los fondos disponibles.
Seguramente se
podrían encontrar más cosas mejorables en la gestión de los archivos militares,
pero según mi experiencia personal, al menos estas serían evidentes. España es
sin duda una potencia en materia de archivos, pero no basta con tenerlos, hay
que cambiar el enfoque con el cual las instituciones los administran, empezando
por actualizarlos, darles prestigio, visibilidad y abrirlos al mundo
universitario y de los investigadores nacionales e internacionales. Toda
inversión y esfuerzo que se hiciera en esta materia sería recompensada con
creces a medio y largo plazo: la cultura y el conocimiento militares atesorados
verían la luz con mayor frecuencia y calidad, lo que redundaría por ejemplo, en
prestigio y en fortaleza editorial. Además, se podría incluso empezar a hablar
de un “turismo documental”, que sin duda pasaría desapercibido en Madrid, pero
que posiblemente se dejaría sentir en la interesante pero apagada ciudad de
Ávila, donde cada viandante que recorre su zona histórica o usa sus bares,
hoteles o restaurantes es precioso. Frente a esto, en los archivos militares,
por ejemplo, no se ha emprendido ninguna actividad cultural o divulgativa
vinculada al 80 aniversario del inicio la Guerra Civil Española, siendo este
seguramente de uno de los conflictos sobre los que más se ha escrito en el
mundo. No sirve de nada tener las
mejores fuentes documentales de la GCE si sus mayores responsables políticos no
mueven ni un dedo por darles difusión. Es totalmente incomprensible que pase
esto.
Hay que corregir
esta situación anómala haciendo un significativo esfuerzo por situarnos la
altura de nuestra responsabilidad. Costará algo de dinero, pero el verdadero
desafío es que requerirá mucha planificación, persistencia, talento y método.
Gente bien formada para acometer esta tarea existe sin duda y está deseando
poder ejercer su profesión y su vocación. ¿Seremos capaces de forzar las
decisiones políticas necesarias para que esto pueda ocurrir? Confío en que sí,
siempre que recordemos unir esta reivindicación al resto de las que
continuamente hacemos en materia de conservación del patrimonio histórico y
cultural vinculado a la GCE.
Ernesto Viñas.
