miércoles, 20 de septiembre de 2017

Sobre los archivos militares disponibles para el estudio de la GCE.

Durante los últimos 10 años he visitado de manera constante varios archivos militares en busca de documentación sobre la batalla de Brunete, los frentes de la zona Centro y la sanidad militar republicana durante la GCE. Junto a las muchas cosas positivas que me han aportado estos lugares, también he encontrado algunas carencias que a simple vista no me parecen tan difíciles de corregir. En eso se centra el presente artículo, pero antes de hablar sobre cualquier otra cosa, quiero empezar por resaltar, y mucho, la magnífica función cultural  que cumplen los numerosos archivos históricos, ya sean militares o civiles, públicos o privados, a los que toda la población tiene acceso pero apenas conoce.

Dentro de este amplio panorama de los archivos, voy a referirme solo a cuatro que conozco directamente, todos militares y públicos: Archivo General Militar de Madrid (AGMM, Madrid), Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA, Villaviciosa de Odón) y el Centro Cartográfico y Fotográfico del Mando Aéreo (CECAF, base aérea de Cuatro Vientos).

AGMAV


Estos cuatro archivos militares, sin excepciones, están atendidos de cara al público por magníficos profesionales civiles y militares, tanto si se mira su disposición personal como su competencia profesional. Todos ellos conocen perfectamente la manera de buscar documentos dentro de sus fondos respectivos y ponen todo el interés en atender bien al investigador, en mi caso, reincidente. Siempre, y desde el primer día, he contado para hacer mi trabajo con el apoyo y la simpatía de los responsables de las respectivas salas de consulta y de quienes se encargan de la reproducción de documentos. En ciertas ocasiones, y dado lo poco frecuentados que llegan a estar algunos archivos, creo que esta actitud tan positiva se refuerza porque los investigadores ayudamos a aminorar con nuestra presencia una cierta sensación de soledad y de rutina que reina en las salas cuando estas permanecen abiertas pero sin usuarios, lo que lamentablemente pasa a menudo.

Destacadas tanto la actitud positiva del personal como el buen nivel de confort de las salas de consulta, enumero a continuación mis críticas y sugerencias, todas de carácter constructivo:

1.     En primer lugar, creo que a todos estos archivos les vendría bien contar con un mayor grado de conocimiento y estima por parte de las más altas autoridades civiles y militares de las que dependen. Bajo mi criterio, su actual situación de aguda austeridad de recursos y el escaso número de visitantes que reciben, se originan sobre todo en la escasa o nula promoción que se hace de ellos en medios académicos, universitarios, periodísticos o editoriales de dentro y fuera de España. Durante estos años, en ciertos momentos he tenido la  impresión (posiblemente infundada) de que las FFAA o el Ministerio de Defensa tienen en sus archivos históricos un “marrón” que deben atender porque sería impresentable su cierre, pero sin sentir por ellos un aprecio especial. Al menos en los tres archivos que están pensados para recibir público (AGMAV, AGMM y AHEA) se nota una falta de inversión que ralentiza sus posibilidades de desarrollo y actualización.

2.     Otro problema conocido, tiene relación con la gestión del tiempo y el grado de secreto atribuido a los documentos que deben desclasificarse. Tras un periodo de vigencia y utilidad operativa dentro de las instituciones públicas que los generan, los documentos pasan a ser guardados en  los almacenes de las mismas y después de ciertos años, son transferidos a los llamados archivos intermedios (que en ocasiones no reúnen todas las condiciones necesarias para conservar adecuadamente la documentación). En esta situación, y aún pasados los 50 años que marca la Ley de Patrimonio Histórico, a muchos papeles parecería que no les llegara nunca la hora de pasar a los archivos públicos, porque se quedan bajo la Ley de Secretos Oficiales, la cual seguramente se aplica con un criterio político, y por tanto discutible, al menos en ciertos casos. Esta situación genera un gran perjuicio para el análisis y el conocimiento históricos, porque limita o directamente frustra muchas investigaciones. La administración competente, como es lógico, tiene capacidad discrecional para clasificar un determinado documento como sensible para la seguridad nacional, pero esta facultad se estaría aplicando con brocha gorda en lugar de con el deseable criterio selectivo. Desde luego, en muchos casos no parece que impere una alta cultura de la transparencia y la responsabilidad ante la sociedad en el manejo de documentos, pudiendo incluso existir, por parte de determinados organismos, un sentimiento de propiedad sobre sus documentos  susceptibles de desclasificación, lo que permite que estos queden retenidos indefinidamente en sus almacenes sin que ni siquiera se pueda saber públicamente cuál es su “asunto” o título, su fecha y su organismo redactor. Frente a esto, hay que conseguir mejorar el cumplimiento de la ley (o mejorar la propia ley) en lo referente a la disponibilidad de los documentos de todo tipo cuando ha finalizado el plazo legal ordinario que impide hacerlos públicos. Luego, cuando por fin estos llegan a los archivos, hay que garantizar que existan los medios humanos y técnicos que permitan describirlos y organizarlos con rapidez y eficacia…y esto nos lleva al siguiente punto.

3.     Existe en alguno de los archivos visitados falta de personal, presupuesto y máquinas para digitalizar que sean modernas y que funcionen bien, así como criterios universales y duraderos (no cambiantes) para describir y digitalizar las fotos, mapas y documentos. El tema de los presupuestos insuficientes es seguramente grave y persistente, pero la inteligencia y la racionalidad aplicadas a la gestión de archivos puede compensar incluso grandes carencias. Reitero que en el fondo lo que estaría faltando es compromiso y aprecio por los archivos militares en los niveles altos de decisión política. Señalando siempre el incremento de las plantillas estables como la mejor solución, entre los medios temporales disponibles para paliar la falta de personal y fondos podría considerarse la firma de convenios con las universidades, para que estas cedan alumnos de las carreras de Historia, Documentación y Biblioteconomía, etc. que se pongan a disposición de quienes conocen mejor cada archivo y sus necesidades, ya sea de manera voluntaria o a cambio de créditos en las respectivas carreras. También los investigadores podríamos poner nuestro granito de arena. Todavía queda por leer y describir mucho papel, confeccionar bases de datos nominales, intentar identificar lugares y personas que aparecen en cientos de fotos y por último, escanear todos los documentos que faltan. Esto permitiría, por ejemplo, que un investigador que haciendo un esfuerzo personal y económico se desplace hasta Ávila desde cualquier parte del mundo (el archivo y la ciudad lo merecen), encuentre relativamente rápido lo que busca o pueda concluir que eso no existe, sin riesgo a equivocarse. 
 
4.     Por último, se echa de menos la existencia de una serie de facilidades y alicientes para la investigación, tales como:

-             Trabajar sistemáticamente para mejorar el muy útil Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, especialmente su apartado de búsqueda por fondos en archivo, donde figura (o debería figurar) toda la información disponible sobre los archivos militares existentes en el país. De entrada, sería muy bueno poder tener al menos una mejor descripción de los documentos recogidos en el índice general de cada archivo, siendo la meta final poder acceder desde la distancia a la parte de los mismos que ya se encuentre descrita y digitalizada. Esto exigiría un trabajo ingente de catalogación, descripción y digitalización, además de una política de difusión y acceso a la información muy distinta a la actual, pero sin duda nos pondría en primera división en cuanto al manejo de estos recursos. Como ejemplo en el que buscar inspiración, los fondos del Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política (RGASPI) son accesibles de este modo, y además gratuitos. Los investigadores que los consultamos estamos encantados con esta política de acceso tan abierta. De otra forma, sólo los investigadores consagrados o ricos podrían acceder a ellos, porque sería imprescindible viajar a Moscú para verlos.  

-             Volver a poner a disposición de los investigadores (aunque fuera por vía telefónica) un servicio de  coordinación, ayuda y orientación  que, conociendo bien los fondos de TODOS los archivos militares (y si puede ser, también los civiles), fuera capaz de señalar a cada cual por dónde puede iniciar una investigación o encontrar nuevos documentos de su interés. Esto, según nos han contado los archiveros, ya existió: era la Unidad de Coordinación de Archivos Militares, que estaba atendida por ellos. Existió, pero ya no existe porque su personal fue transferido a otro departamento, quedando de manifiesto, bajo mi criterio, la falta de voluntad política para desarrollar los archivos militares.  A pesar de la existencia del ya citado (y mejorable) Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, lleva años familiarizarse con los archivos y descubrir de manera afinada cuál es su temática y contenidos, lo que perjudica la calidad de muchas producciones, que se terminan cerrando antes de tiempo, sobre todo si son internacionales. Un asesor específico y personalizado, presencial o telefónico, no tiene por qué ser tan difícil de implementar. En el Archivo General de la Administración (AGA), de Alcalá de Henares, existe esta figura, y los resultados (comprobados en primera persona) son espectaculares. Sin su ayuda yo hubiera salido casi de vacío de allí, a pesar de mis repetidas visitas.  

-             Podrían ponerse uno o dos días a la semana en que exista horario de mañana y tarde (como ya pasa en el Centro Documental de la Memoria Histórica – CDMH, de Salamanca). Hay que tener en cuenta que cuesta mucho tiempo y dinero desplazarse fuera de la propia localidad (o país) para investigar, de forma que una jornada de estudio larga se vuelve  mucho más rentable que una corta. Si, como según parece, hay 23 archiveros técnicos para atender 28 archivos militares (entre históricos e intermedios), resulta fácil ver dónde está una de las claves de esta limitación.

-             Sería muy bueno instituir ayudas y premios al mérito en investigación o publicación, para motivar la utilización de los fondos disponibles.

Seguramente se podrían encontrar más cosas mejorables en la gestión de los archivos militares, pero según mi experiencia personal, al menos estas serían evidentes. España es sin duda una potencia en materia de archivos, pero no basta con tenerlos, hay que cambiar el enfoque con el cual las instituciones los administran, empezando por actualizarlos, darles prestigio, visibilidad y abrirlos al mundo universitario y de los investigadores nacionales e internacionales. Toda inversión y esfuerzo que se hiciera en esta materia sería recompensada con creces a medio y largo plazo: la cultura y el conocimiento militares atesorados verían la luz con mayor frecuencia y calidad, lo que redundaría por ejemplo, en prestigio y en fortaleza editorial. Además, se podría incluso empezar a hablar de un “turismo documental”, que sin duda pasaría desapercibido en Madrid, pero que posiblemente se dejaría sentir en la interesante pero apagada ciudad de Ávila, donde cada viandante que recorre su zona histórica o usa sus bares, hoteles o restaurantes es precioso. Frente a esto, en los archivos militares, por ejemplo, no se ha emprendido ninguna actividad cultural o divulgativa vinculada al 80 aniversario del inicio la Guerra Civil Española, siendo este seguramente de uno de los conflictos sobre los que más se ha escrito en el mundo. No sirve  de nada tener las mejores fuentes documentales de la GCE si sus mayores responsables políticos no mueven ni un dedo por darles difusión. Es totalmente incomprensible que pase esto.

Hay que corregir esta situación anómala haciendo un significativo esfuerzo por situarnos la altura de nuestra responsabilidad. Costará algo de dinero, pero el verdadero desafío es que requerirá mucha planificación, persistencia, talento y método. Gente bien formada para acometer esta tarea existe sin duda y está deseando poder ejercer su profesión y su vocación. ¿Seremos capaces de forzar las decisiones políticas necesarias para que esto pueda ocurrir? Confío en que sí, siempre que recordemos unir esta reivindicación al resto de las que continuamente hacemos en materia de conservación del patrimonio histórico y cultural vinculado a la GCE. 



Ernesto Viñas.
05/08/17   

       



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