viernes, 29 de diciembre de 2017

Algunos datos sobre la artillería antiaérea republicana en 1937

Un documento encontrado en el AHEA  (Archivo Histórico del Ejército del Aire) nos ayuda a conocer con cierta profundidad uno de los muchos aspectos militares de los que no parece existir una información muy detallada ni completa. En este caso hablamos de los datos recogidos en octubre de 1937 por el CGG (Cuartel General del Generalísimo) gracias al testimonio de un oficial republicano que se pasó al Ejército sublevado en algún momento previo. Según declaró este oficial al SIM (Servicio de Investigación Militar) franquista tras su deserción, la DECA (Defensa Contra Aeronaves) republicana era un servicio afecto a la Aviación (y no como podría pensarse, al Ejército de Tierra). Sus efectivos y materiales eran por tanto considerados “fuerzas del Aire”, siendo sus oficiales reclutados entre los procedentes de la Artillería e Ingenieros, mientras que los soldados y suboficiales (llamados genéricamente clases de tropa) sí venían generalmente de Aviación.
Siempre según este documento, la DECA republicana se formó a partir de un decreto gubernamental que transfería a la Subsecretaría del Aire todo el personal y el material que quedaron en la zona leal tras el golpe de Estado de julio de 1936. Estos eran: el Grupo de Defensa Contra Aeronaves nº 1 de Madrid y las baterías antiaéreas emplazadas Mahón y Cartagena. Posteriormente, a medida que se iba superando la desorganización inicial y llegaba el nuevo material soviético, las incorporaciones de oficiales artilleros se fueron haciendo con el concurso de la Inspección General de Artillería, debiendo los candidatos ser alumnos titulados de la Escuela Popular de Guerra nº 2 de Artillería, situada inicialmente en Lorca y más tarde en Almansa. Por su parte, los oficiales procedentes de Ingenieros, concretamente de los Grupos de Alumbrado, cubrían el manejo de los proyectores de luz y la extensa red de escucha y alerta destinada a detectar y calibrar de manera temprana las incursiones aéreas enemigas sobre el territorio propio. Las nuevas incorporaciones de este último tipo de especialistas se habría hecho en base a los alumnos diplomados en la Escuela Popular de Guerra nº 4 de Ingenieros, establecida en Godella (Valencia), los cuales debían superar además un cursillo de observadores de aeroplanos que se dictaba en Los Alcázares (Murcia).
Estas escuelas militares de urgencia fueron creadas sobre el papel  en noviembre de 1936 y comenzaron a funcionar efectivamente en enero de 1937, coincidiendo con el importante salto hacia la militarización de las milicias que se produjo en esa misma fecha. Para integrarse en las fuerzas del Aire, los oficiales recién salidos de las academias de Lorca o de Godella debían acreditar una alta capacidad técnica y unas inequívocas convicciones y lealtad políticas, ya que el recién creado Ejército popular estaba poniendo en sus manos materiales y tropas muy especializadas y difíciles de reemplazar.

Foto: archivo Alter Szerman, Bruselas


En octubre de 1937, la Jefatura de la DECA dependía de la Subsecretaría del Aire, y ambas estaban en Valencia, sede del Gobierno presidido por Juan Negrín. Entonces el Ministerio de Defensa Nacional acababa de ser reorganizado tras la fusión (en mayo) de los anteriores Ministerios de Guerra y de Marina y Aire. El nuevo ministro de Defensa era Indalecio Prieto, siendo el  jefe de la DECA el coronel Juan Hernández Sarabia, quien, siempre según este documento, tenía como consejero al coronel soviético “Schester”. Bajo las órdenes de Sarabia estaban (quizás hubiera más) los departamentos encargados de la información antiaérea, el municionamiento, la defensa pasiva, la red de escucha, la inspección de fonos y proyectores, el servicio de aero – química, la dirección de las distintas escuelas, las secciones de operaciones y organización y el centro administrativo. Junto a ellos, la Secretaría Técnica era el órgano más importante después de la propia Jefatura, pues era el verdadero cerebro de la DECA y de ella emanaban las órdenes a los distintos destacamentos presentes en los frentes.
La red de escucha era una organización que abarcaba toda extensión de la zona republicana a través de sus diversas “mallas”, cada una de las cuales está formada por 20 a 25 puestos de observación conectados telefónicamente con un puesto central o centro director, mandado por un teniente y dotado con una moto para permitirle hacer una inspección periódica de todos los puestos. Existían unas 15 mallas y otros tantos puestos centrales, a su vez unidos entre sí y con uno principal situado en Valencia mediante radios. Los puestos de cada malla estaban atendidos por paisanos de los núcleos de población en los que estaban situados, disponiendo sus servidores de prismáticos y de un fichero de siluetas que debían servirles para reconocer  los aviones enemigos, a los que tenían que intentar identificar también por el ruido de sus motores. Para cubrir esta misma función en la zona costera de Valencia, existían dos barcas dotadas de ametralladora y radio que permanecían las 24 horas internadas 40 kilómetros dentro del mar, concretamente frente a la Malvarrosa y el Salé.
En los lugares donde se encontraban emplazadas defensas activas (artillería antiaérea) se había creado un destacamento, cuyo jefe lo era también de la DECA local, estando entre sus funciones la de presidir la junta de defensa pasiva local, formada al menos por él mismo, el alcalde, un arquitecto, un farmacéutico y un representante de la Dirección General de Seguridad. Estas juntas entendían sobre todo lo relacionado con la construcción de refugios, medidas de alarma, servicios contra incendio y de desescombro, alumbrado, orden público, etc. En octubre de 1937 existieron jefes de la DECA local al menos en Cartagena, Mahón, Barcelona, Alicante, Pozoblanco, Madrid, Guadalajara, Cuenca, Albacete, Almería y Castellón.  

En lo referente al material artillero con que contaba la DECA republicana, el oficial pasado al campo franquista afirmaba que aquel era muy diverso, resultando verdaderamente útil frente a la aviación  moderna solo el formado por 8 baterías de cañones antiaéreos de 76,2 mm Modelo 1931 soviéticos (serían 24 piezas) y por unas 66 ametralladoras cañón Oerlikon, de 20 mm. Estas últimas eran de diseño alemán y en su versión  más habitual en el campo republicano, permitían una cadencia de tiro de 170 disparos por minuto, con una acción eficaz en tiro vertical hasta los 1.200 metros y en tiro horizontal hasta los 1.400 metros. Los almacenes republicanos tenían entonces municiones en abundancia, de hasta 9 tipos distintos, y dotadas de espoletas explosivas o perforantes.
De las 8 baterías “rusas” Modelo 1931, dice el documento que tres estaban íntegramente servidas por brigadistas internacionales. De ellas, dos no salían nunca de Madrid, donde servían y donde radicaba su Estado Mayor, también formado por oficiales y personal extranjero, los cuales habían llegado a España junto al primer material, siendo también los responsables de instruir a los primeros españoles en el empleo de estos cañones. Otra batería de este tipo estaba fija en Valencia, en las proximidades del campo de fútbol de Mestalla. Las cinco baterías restantes se desplazaban según las necesidades de cada momento, habiendo estado una de ellas mucho tiempo en Almería y otra en Guadalajara. Tras el ataque al acorazado alemán Deutschland, en mayo, Valencia recibió otra batería adicional, y de cara a la ofensiva republicana de Brunete, las cinco baterías no fijas fueron trasladadas al frente de Madrid (que, siempre según este testimonio, contó entonces con 7 de las 8 existentes).
Continúa el informe diciendo que este material artillero era muy bueno. Como pieza artillera, el cañón de 76,2 mm es calificado como poco menos que perfecto gracias a su diseño moderno, su gran alcance (15 km) en proyección horizontal y 8 km de techo, su alta cadencia de tiro (25 disparos por minuto y pieza) y su fácil maniobra. También califica como “muy perfectos y fáciles de manejar”  los elementos que componían la dirección de tiro de la batería. Menores elogios recibía sin embargo el proyectil que disparaba esta arma formidable. De él se dice que solo existía un tipo, el de metralla, que tenía poco efecto y que llevaba una espoleta de tiempo que, por alcanzar solo 32 segundos, no permitía alcances verticales superiores a los 8.000 metros. Toda la munición, igual que las piezas que las disparaban, era soviética, aunque en Valencia entonces se estaba intentando desarrollar un proyectil rompedor de diseño y producción nacionales, siendo incluso posible que ya se hubiera conseguido. Desde mayo se estaban esperando nuevas baterías de este modelo procedentes de la URSS, pero a mediados de agosto estas aún no habían llegado. El tema del número de piezas recibidas es controvertido, pero según coinciden los principales estudiosos del tema, habrían llegado 67 cañones de este modelo durante toda la GCE en tres envíos, uno al principio de 1937 y otros dos en 1938. Otras fuentes hablan de 32 piezas presentes en la zona republicana   desde el principio de 1937, pero hay que tener en cuenta que siempre habría alguna en reparación y otras, aunque fueran pocas, serían necesarias en la Escuela Popular de Guerra para enseñar su manejo a los nuevos oficiales.   

Seguramente, en materia de armamento, nada evolucionó tanto entre la I GM y la GCE como la aviación, un arma entonces recién creada, que en los 20 años que separaron ambos conflictos vivió un progreso técnico sin precedentes. En términos generales en ese periodo se consiguió triplicar o cuadruplicar las velocidades y los techos operativos de sus aparatos de caza y bombardeo. Frente a esto, la artillería AA se vio obligada a seguir una evolución similar si quería dar una protección razonable a las ciudades, fábricas, tropas y fortificaciones que pudieran ser objetivo de ataques aéreos. En este contexto, en 1936 -39, las piezas de que disponía el Ejército español previas a la GCE ya habían quedado obsoletas frente a los nuevos aviones italianos, alemanes o soviéticos, y en el campo republicano, solo los dos materiales artilleros antes mencionados eran técnicamente aptos y fiables para las defensas a media y gran altura (artillería de 76,2 mm) y a baja altura (artillería de 20 mm). La revolución técnica que experimentó la aviación en los años 30 convirtió en prácticamente inservibles las piezas artilleras que, originalmente diseñadas para el tiro terrestre, fueron adaptadas al tiro antiaéreo durante la I GM. Ya en aquél conflicto se pudo comprobar que el proyectil disparado con las piezas de calibre de 75 mm apenas alcanzaba la altura y la velocidad requeridas para contrarrestar eficazmente a los bombarderos que volaban a 120 km/h a 2.000 metros. ¿Que iban a poder hacer contra aparatos que dos décadas después podían volar a 6 o 7.000 metros de altura con velocidades cercanas a los 500 km/h?
Sin duda las aviaciones de gran bombardeo creadas por la Alemania nazi y la Italia fascista que actuaron en España en apoyo del Ejército franquista tuvieron en las baterías AA de 76,2 mm un enemigo muy peligroso y efectivo, pero que resultó ser insuficiente en cuanto a número. Si cinco baterías (15 piezas), con la inestimable ayuda de la aviación de caza propia, con dificultades consiguieron contener y limitar a las aviaciones enemigas durante la batalla de Brunete, es fácil imaginar que un máximo de 22 baterías (67 piezas, que además nunca estuvieron todas operativas a la vez) resultaban absolutamente  insuficientes  para defender toda la zona republicana. Esta artillería y sus servidores no solo debían atender las necesidades defensivas de los frentes de guerra, sino también a las de las ciudades grandes, medianas y pequeñas, pues todas, aunque no tuvieran instalaciones militares, eran objetivos reales o potenciales en una guerra conducida por jefes fascistas que, además de despreciar las vidas y las infraestructuras civiles, querían mostrar al resto del mundo su poder de destrucción aéreo. El gran desarrollo de la red de alerta y los innumerables refugios antiaéreos construidos a lo largo y ancho de la zona republicana son una prueba inequívoca de esto. Bajo los Junkers, Heinkel, Dornier y Savoia, cuando no se podía contar con medios activos (aviación de caza y artillería AA), solo quedaba esmerarse en conseguir la mejor defensa pasiva posible: oscurecimiento nocturno, evacuaciones de civiles, alerta temprana y enmascaramiento y dispersión de las instalaciones productivas o de las fuerzas combatientes. Por la magnitud de la amenaza aérea, incluso en la batalla de Brunete, que como dijimos contó con una fuerte presencia de artillería antiaérea, los grandes movimientos de tropas y el suministro y las evacuaciones del Ejército de Maniobra tuvieron que ser fundamentalmente nocturnos.

Para este artículo resultó tan importante el documento encontrado en el archivo militar de Villaviciosa de Odón como la foto de un cañón – ametralladora republicano y sus servidores que nos ha permitido publicar la familia del brigadista belga Alter Szerman, jefe de la compañía Botwin, integrada en el batallón Edgar André de la XI brigada internacional. Les estamos muy agradecidos por su generosidad.


Ernesto Viñas y Sven Tuytens.

domingo, 22 de octubre de 2017

Por la supervivencia de Peironcely 10


Apoyamos al colectivo madrileño “SalvaPeironcely 10”, que está inmerso en una lucha desigual contra dos de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad: la desmemoria histórica y una legislación sobre el derecho a la vivienda que es claramente mejorable. El fin concreto que persiguen es impedir que sea demolido el grupo de modestas viviendas de planta baja que se alza, desde por lo menos los años 30, en la esquina de las calles Peironcely y Miguel de la Roca, en Entrevías, distrito de Puente de Vallecas.



Peironcely 10: foto de "Robert Capa": Friedman o Taro?


Peironcely 10, "... posiblemente la última casa 
reconocible que conserva huellas de los bombardeos."


Fuente: AHEA


Faltando en Madrid de manera tan clamorosa y deliberada espacios de memoria que recuerden su larga etapa de resistencia antifascista, no podemos permitirnos perder también Peironcely 10. Esta es posiblemente la última casa reconocible que conserva huellas de los bombardeos y, por si fuera poco, además fue fotografiada por el húngaro André Friedman, quien junto a su compañera alemana Gerda Taro trabajaba entonces como fotoperiodista bajo la identidad ficticia de “Robert Capa”. Por todas estas razones, esta  irremplazable casa de vecinos tiene un gran significado para quienes respetamos y no queremos que se olvide la resistencia  que el pueblo madrileño y miles de refugiados mantuvieron ante los bombardeos de la aviación franquista o la de sus aliados alemanes e italianos. 



fuente: CECAF



fuente: CECAF


Antes incluso de que empezara la batalla de Madrid (el 7 de noviembre de 1936) y hasta el final de la guerra civil, transcurrieron 30 meses de heroísmo, fuego y privaciones cuyos  protagonistas fueron tanto la población que masivamente eligió quedarse, como los miles de combatientes del Ejército popular que sostuvieron un frente que primero se metió dentro de la ciudad y luego la apretó por los flacos, pero que nunca se quebró ante a los ataques exteriores.

Para que se conozca mejor la dureza y magnitud de la resistencia madrileña, y para que entendamos el gran significado simbólico que tiene la casa que quieren derribar, compartimos con vosotr@s estos documentos y fotografías aéreas, obtenidos en el Archivo Histórico  y del Centro Cartográfico y Fotográfico del Ejército del Aire. De los documentos gráficos no conocemos la fecha exacta, pero es muy probable que correspondan a los primeros días de noviembre de 1936, cuando para Madrid se acercaba el momento más duro de su historia. 

En los esquemas que forman parte del plan de bombardeo hemos señalado con un punto rojo la ubicación aproximada de la casa de Peironcely 10. Esta no se encontraba demasiado lejos de unos importantes depósitos de gasolina y de una planta eléctrica (objetivos A y E), pero esto no significa que los impactos de metralla que todavía muestra su fachada fueran producto de una puntería poco afinada al dejar caer las bombas o al hacer fuego artillero sobre la ciudad, sino que por el contrario, existió en el mando sublevado una voluntad inequívoca de castigar a la ciudad, y especialmente los barrios obreros. Esto queda reflejado en los dos primeros párrafos de este plan de ataque aéreo, uno de los muchos que soportó Madrid en esos años.


Queremos que Peironcely 10 permanezca en pie como prueba de que hacemos respetar el derecho a una vivienda digna para todo@s y por su significado para la memoria histórica y democrática. Ojalá un día cercano los vecinos que la habitan si lo desean puedan mudarse a un lugar más cómodo y esta casa pueda convertirse en un espacio permanente dedicado a la memoria de batalla de Madrid y a la resistencia de sus habitantes frente a las columnas franquistas y en defensa del gobierno republicano. 80 años después, ya toca tener el primero dentro de la capital.











Ernesto Viñas & Sven Tuytens
Brunete en la Memoria
octubre 2017

miércoles, 20 de septiembre de 2017

Sobre los archivos militares disponibles para el estudio de la GCE.

Durante los últimos 10 años he visitado de manera constante varios archivos militares en busca de documentación sobre la batalla de Brunete, los frentes de la zona Centro y la sanidad militar republicana durante la GCE. Junto a las muchas cosas positivas que me han aportado estos lugares, también he encontrado algunas carencias que a simple vista no me parecen tan difíciles de corregir. En eso se centra el presente artículo, pero antes de hablar sobre cualquier otra cosa, quiero empezar por resaltar, y mucho, la magnífica función cultural  que cumplen los numerosos archivos históricos, ya sean militares o civiles, públicos o privados, a los que toda la población tiene acceso pero apenas conoce.

Dentro de este amplio panorama de los archivos, voy a referirme solo a cuatro que conozco directamente, todos militares y públicos: Archivo General Militar de Madrid (AGMM, Madrid), Archivo General Militar de Ávila (AGMAV), Archivo Histórico del Ejército del Aire (AHEA, Villaviciosa de Odón) y el Centro Cartográfico y Fotográfico del Mando Aéreo (CECAF, base aérea de Cuatro Vientos).

AGMAV


Estos cuatro archivos militares, sin excepciones, están atendidos de cara al público por magníficos profesionales civiles y militares, tanto si se mira su disposición personal como su competencia profesional. Todos ellos conocen perfectamente la manera de buscar documentos dentro de sus fondos respectivos y ponen todo el interés en atender bien al investigador, en mi caso, reincidente. Siempre, y desde el primer día, he contado para hacer mi trabajo con el apoyo y la simpatía de los responsables de las respectivas salas de consulta y de quienes se encargan de la reproducción de documentos. En ciertas ocasiones, y dado lo poco frecuentados que llegan a estar algunos archivos, creo que esta actitud tan positiva se refuerza porque los investigadores ayudamos a aminorar con nuestra presencia una cierta sensación de soledad y de rutina que reina en las salas cuando estas permanecen abiertas pero sin usuarios, lo que lamentablemente pasa a menudo.

Destacadas tanto la actitud positiva del personal como el buen nivel de confort de las salas de consulta, enumero a continuación mis críticas y sugerencias, todas de carácter constructivo:

1.     En primer lugar, creo que a todos estos archivos les vendría bien contar con un mayor grado de conocimiento y estima por parte de las más altas autoridades civiles y militares de las que dependen. Bajo mi criterio, su actual situación de aguda austeridad de recursos y el escaso número de visitantes que reciben, se originan sobre todo en la escasa o nula promoción que se hace de ellos en medios académicos, universitarios, periodísticos o editoriales de dentro y fuera de España. Durante estos años, en ciertos momentos he tenido la  impresión (posiblemente infundada) de que las FFAA o el Ministerio de Defensa tienen en sus archivos históricos un “marrón” que deben atender porque sería impresentable su cierre, pero sin sentir por ellos un aprecio especial. Al menos en los tres archivos que están pensados para recibir público (AGMAV, AGMM y AHEA) se nota una falta de inversión que ralentiza sus posibilidades de desarrollo y actualización.

2.     Otro problema conocido, tiene relación con la gestión del tiempo y el grado de secreto atribuido a los documentos que deben desclasificarse. Tras un periodo de vigencia y utilidad operativa dentro de las instituciones públicas que los generan, los documentos pasan a ser guardados en  los almacenes de las mismas y después de ciertos años, son transferidos a los llamados archivos intermedios (que en ocasiones no reúnen todas las condiciones necesarias para conservar adecuadamente la documentación). En esta situación, y aún pasados los 50 años que marca la Ley de Patrimonio Histórico, a muchos papeles parecería que no les llegara nunca la hora de pasar a los archivos públicos, porque se quedan bajo la Ley de Secretos Oficiales, la cual seguramente se aplica con un criterio político, y por tanto discutible, al menos en ciertos casos. Esta situación genera un gran perjuicio para el análisis y el conocimiento históricos, porque limita o directamente frustra muchas investigaciones. La administración competente, como es lógico, tiene capacidad discrecional para clasificar un determinado documento como sensible para la seguridad nacional, pero esta facultad se estaría aplicando con brocha gorda en lugar de con el deseable criterio selectivo. Desde luego, en muchos casos no parece que impere una alta cultura de la transparencia y la responsabilidad ante la sociedad en el manejo de documentos, pudiendo incluso existir, por parte de determinados organismos, un sentimiento de propiedad sobre sus documentos  susceptibles de desclasificación, lo que permite que estos queden retenidos indefinidamente en sus almacenes sin que ni siquiera se pueda saber públicamente cuál es su “asunto” o título, su fecha y su organismo redactor. Frente a esto, hay que conseguir mejorar el cumplimiento de la ley (o mejorar la propia ley) en lo referente a la disponibilidad de los documentos de todo tipo cuando ha finalizado el plazo legal ordinario que impide hacerlos públicos. Luego, cuando por fin estos llegan a los archivos, hay que garantizar que existan los medios humanos y técnicos que permitan describirlos y organizarlos con rapidez y eficacia…y esto nos lleva al siguiente punto.

3.     Existe en alguno de los archivos visitados falta de personal, presupuesto y máquinas para digitalizar que sean modernas y que funcionen bien, así como criterios universales y duraderos (no cambiantes) para describir y digitalizar las fotos, mapas y documentos. El tema de los presupuestos insuficientes es seguramente grave y persistente, pero la inteligencia y la racionalidad aplicadas a la gestión de archivos puede compensar incluso grandes carencias. Reitero que en el fondo lo que estaría faltando es compromiso y aprecio por los archivos militares en los niveles altos de decisión política. Señalando siempre el incremento de las plantillas estables como la mejor solución, entre los medios temporales disponibles para paliar la falta de personal y fondos podría considerarse la firma de convenios con las universidades, para que estas cedan alumnos de las carreras de Historia, Documentación y Biblioteconomía, etc. que se pongan a disposición de quienes conocen mejor cada archivo y sus necesidades, ya sea de manera voluntaria o a cambio de créditos en las respectivas carreras. También los investigadores podríamos poner nuestro granito de arena. Todavía queda por leer y describir mucho papel, confeccionar bases de datos nominales, intentar identificar lugares y personas que aparecen en cientos de fotos y por último, escanear todos los documentos que faltan. Esto permitiría, por ejemplo, que un investigador que haciendo un esfuerzo personal y económico se desplace hasta Ávila desde cualquier parte del mundo (el archivo y la ciudad lo merecen), encuentre relativamente rápido lo que busca o pueda concluir que eso no existe, sin riesgo a equivocarse. 
 
4.     Por último, se echa de menos la existencia de una serie de facilidades y alicientes para la investigación, tales como:

-             Trabajar sistemáticamente para mejorar el muy útil Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, especialmente su apartado de búsqueda por fondos en archivo, donde figura (o debería figurar) toda la información disponible sobre los archivos militares existentes en el país. De entrada, sería muy bueno poder tener al menos una mejor descripción de los documentos recogidos en el índice general de cada archivo, siendo la meta final poder acceder desde la distancia a la parte de los mismos que ya se encuentre descrita y digitalizada. Esto exigiría un trabajo ingente de catalogación, descripción y digitalización, además de una política de difusión y acceso a la información muy distinta a la actual, pero sin duda nos pondría en primera división en cuanto al manejo de estos recursos. Como ejemplo en el que buscar inspiración, los fondos del Archivo Estatal Ruso de Historia Socio-Política (RGASPI) son accesibles de este modo, y además gratuitos. Los investigadores que los consultamos estamos encantados con esta política de acceso tan abierta. De otra forma, sólo los investigadores consagrados o ricos podrían acceder a ellos, porque sería imprescindible viajar a Moscú para verlos.  

-             Volver a poner a disposición de los investigadores (aunque fuera por vía telefónica) un servicio de  coordinación, ayuda y orientación  que, conociendo bien los fondos de TODOS los archivos militares (y si puede ser, también los civiles), fuera capaz de señalar a cada cual por dónde puede iniciar una investigación o encontrar nuevos documentos de su interés. Esto, según nos han contado los archiveros, ya existió: era la Unidad de Coordinación de Archivos Militares, que estaba atendida por ellos. Existió, pero ya no existe porque su personal fue transferido a otro departamento, quedando de manifiesto, bajo mi criterio, la falta de voluntad política para desarrollar los archivos militares.  A pesar de la existencia del ya citado (y mejorable) Portal de Patrimonio Cultural de la Defensa, lleva años familiarizarse con los archivos y descubrir de manera afinada cuál es su temática y contenidos, lo que perjudica la calidad de muchas producciones, que se terminan cerrando antes de tiempo, sobre todo si son internacionales. Un asesor específico y personalizado, presencial o telefónico, no tiene por qué ser tan difícil de implementar. En el Archivo General de la Administración (AGA), de Alcalá de Henares, existe esta figura, y los resultados (comprobados en primera persona) son espectaculares. Sin su ayuda yo hubiera salido casi de vacío de allí, a pesar de mis repetidas visitas.  

-             Podrían ponerse uno o dos días a la semana en que exista horario de mañana y tarde (como ya pasa en el Centro Documental de la Memoria Histórica – CDMH, de Salamanca). Hay que tener en cuenta que cuesta mucho tiempo y dinero desplazarse fuera de la propia localidad (o país) para investigar, de forma que una jornada de estudio larga se vuelve  mucho más rentable que una corta. Si, como según parece, hay 23 archiveros técnicos para atender 28 archivos militares (entre históricos e intermedios), resulta fácil ver dónde está una de las claves de esta limitación.

-             Sería muy bueno instituir ayudas y premios al mérito en investigación o publicación, para motivar la utilización de los fondos disponibles.

Seguramente se podrían encontrar más cosas mejorables en la gestión de los archivos militares, pero según mi experiencia personal, al menos estas serían evidentes. España es sin duda una potencia en materia de archivos, pero no basta con tenerlos, hay que cambiar el enfoque con el cual las instituciones los administran, empezando por actualizarlos, darles prestigio, visibilidad y abrirlos al mundo universitario y de los investigadores nacionales e internacionales. Toda inversión y esfuerzo que se hiciera en esta materia sería recompensada con creces a medio y largo plazo: la cultura y el conocimiento militares atesorados verían la luz con mayor frecuencia y calidad, lo que redundaría por ejemplo, en prestigio y en fortaleza editorial. Además, se podría incluso empezar a hablar de un “turismo documental”, que sin duda pasaría desapercibido en Madrid, pero que posiblemente se dejaría sentir en la interesante pero apagada ciudad de Ávila, donde cada viandante que recorre su zona histórica o usa sus bares, hoteles o restaurantes es precioso. Frente a esto, en los archivos militares, por ejemplo, no se ha emprendido ninguna actividad cultural o divulgativa vinculada al 80 aniversario del inicio la Guerra Civil Española, siendo este seguramente de uno de los conflictos sobre los que más se ha escrito en el mundo. No sirve  de nada tener las mejores fuentes documentales de la GCE si sus mayores responsables políticos no mueven ni un dedo por darles difusión. Es totalmente incomprensible que pase esto.

Hay que corregir esta situación anómala haciendo un significativo esfuerzo por situarnos la altura de nuestra responsabilidad. Costará algo de dinero, pero el verdadero desafío es que requerirá mucha planificación, persistencia, talento y método. Gente bien formada para acometer esta tarea existe sin duda y está deseando poder ejercer su profesión y su vocación. ¿Seremos capaces de forzar las decisiones políticas necesarias para que esto pueda ocurrir? Confío en que sí, siempre que recordemos unir esta reivindicación al resto de las que continuamente hacemos en materia de conservación del patrimonio histórico y cultural vinculado a la GCE. 



Ernesto Viñas.
05/08/17